El maíz es un cultivo de cereal fundamental en todo el mundo debido a su importancia económica, cultural y nutricional.
Su trascendencia se considera a partir de que brinda seguridad alimentaria para personas, ganado y otras especies animales; puede crecer en una variedad de climas y suelos; por su impacto significativo en la economía por ser insumo básico para la fabricación de productos derivados como bioplásticos, productos químicos y biocombustibles y por su trascendencia al ser parte importante dentro de la cultura y tradición.
Es por todo esto que existe una polémica acerca de los cultivos de este grano transgénico, la cual se centra en varias preocupaciones y debates relacionados con los cultivos modificados genéticamente.
Modificación genética
El maíz transgénico, también conocido como maíz genéticamente modificado (GM), es una variedad de maíz que ha sido alterado mediante técnicas de ingeniería para introducir genes de otras especies con el objetivo de conferir características específicas.
En el proceso se aíslan genes individuales de una especie y se insertan en el genoma del maíz. Estos pueden provenir de otras plantas, animales, bacterias u organismos y su inserción tiene como finalidad lograr características deseables que no se obtendrían por métodos tradicionales de reproducción.
Temas como el impacto ambiental, efectos en la biodiversidad, cruzamiento con otras especies silvestres, seguridad alimentaria, efectos en la salud, monopolio, dependencia, etiquetado, opacidad y restricciones para los productores, hacen que su aceptación se encuentre en tela de juicio, ahora más que nunca entre países de América del Norte como Estados Unidos, Canadá y México.
Historia de un permiso
En el caso de nuestro país, la historia de estos productos no ha sido reciente.
La primera autorización para el cultivo comercial de maíz transgénico en México ocurrió en 2009, cuando se otorgó un permiso para el cultivo experimental en el estado de Sinaloa. Esto generó una fuerte reacción en contra, por parte de grupos indígenas, ambientalistas y agricultores, argumentando que podría haber efectos negativos en la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
En 2013, un tribunal federal ordenó la suspensión de los permisos para la siembra de esta especie. La decisión se basó en parte en la preocupación por la posibilidad de que el maíz nativo, que ha sido cultivado durante milenios, se cruzara con variedades transgénicas y se contaminara genéticamente.
Decreto que levantó la polémica
Durante el 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una regulación sobre el uso del glifosato y también aprobó un decreto a finales de ese año para proteger el maíz nativo y la salud de la población frente a este tipo de agroquímicos.
Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 31 de diciembre de 2020, el primero y el segundo, el 13 de febrero de 2023, que abrogó el primero.
En el último, se hicieron las precisiones para determinar que la prohibición en el uso del maíz transgénico sería para el sector de la masa y la tortilla. Y para el consumo animal e industrial se daría una sustitución gradual.
Por este detalle se inició el proceso de modificación a la NOM-187-SSA/SCFI-2002 que concluyó con la NOM-187-SSA1/SE-2023 para implementar el Decreto del 13 de febrero de 2023 y adicionar la prohibición o abstención en el uso de maíz transgénico como materia prima para la elaboración de masa, harina, tortillas, tostadas y otros productos derivados de la masa.
La medida ordena revocar autorizaciones “para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos” y sería hasta 2024 cuando el proceso regulatorio intente lograr su prohibición total.
Esto desencadenó una disputa en los sectores agrícolas de Estados Unidos, Canadá y México, ya que nuestro país es el principal importador de maíz estadounidense, con una compra anual de unos 5 mil millones de dólares, según confirmó la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y que en su gran mayoría, se trata del tipo amarillo.
Esta variante es destinada al forraje de animales y para cuyo cultivo se utilizan transgénicos, mientras que el blanco, se destina al consumo humano. En el caso del blanco, nuestro país es autosuficiente, mientras que en el caso del amarillo se depende de las importaciones para cubrir tres cuartas partes de los requerimientos.
Desconfianza inicia disputa
En el centro de la polémica permanecieron las dudas sobre el alcance de la medida, pues pese a que el decreto de prohibición menciona el destinado para el consumo humano, el Gobierno de Joe Biden desconfió sobre la vaguedad del decreto.
Luego de una reunión con el presidente de México, en diciembre de 2022, el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, afirmó que “hubo algún progreso” en las conversaciones y que está a la espera de la propuesta mexicana. Pese a ello, el secretario dejó caer que, de no alcanzarse una solución satisfactoria, los estadounidenses se verían forzado a explorar “todas las opciones” y escalar el conflicto, como acudir a los mecanismos contemplados en el T-MEC para resolver disputas entre los socios comerciales ante una percibida violación del tratado.
Por el lado canadiense, la ministra de Comercio, Mary Ng, y el ministro de Agricultura, Lawrence MacAulay, dijeron en un comunicado que Canadá “comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos”, bajo el capítulo de medidas fitosanitarias del T-MEC.
A inicios de junio de este año, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), junto con organismos del gobierno de Canadá, solicitaron consultas de solución de controversias con México al amparo del T-MEC por las políticas del gobierno de la 4T en materia de biotecnología agrícola, precisando también que se presentaran las evidencias científicas que soportaran las dudas sobre los posibles riesgos a la salud humana por consumo de maíz transgénico.
Esta evidencia no se presentó satisfactoriamente para ambos países, por lo que los gobiernos canadienses y estadounidenses convinieron que la disputa se resolvería. El plazo de 75 días para una respuesta del gobierno mexicano se venció y la administración de Joe Biden solicitó formalmente la creación del panel el jueves 17 de agosto.
Este panel es uno de los mecanismos de solución de controversias comerciales que se integraron en el T-MEC. A través de él, expertos en comercio de las tres partes (México, Estados Unidos y Canadá) deciden si la política ejercida por un país sobre algún tema, en este caso el maíz, es incompatible con el acuerdo trilateral.
En caso de que el fallo del panel sea en contra de México, una de las medidas podrían ser aranceles contra productos que el país exporta a Estados Unidos.
Alistan la defensa
El inicio del panel lo confirmó la Secretaría de Economía (SE) y además subrayó que México no coincide con la posición de Estados Unidos y Canadá, pero que pese a ello se encuentra preparada para defender al país en este panel.
E incluso, la dependencia anticipó que para la defensa contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia, tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Pese a toda la controversia y la creación del panel, la secretaria de Economía, Raquel Buerostro, rechazó esta semana tajantemente modificaciones al decreto pese a las medidas tomadas por ambos países.
“No”, dijo tajantemente Buenrostro en entrevista con Reuters.
“El marco jurídico vigente no pone en riesgo las importaciones”, y reiteró que las normas no prohíben importaciones de ningún tipo de maíz de ambos países, excepto el blanco, usado para las tortillas.
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