Los puestos ambulantes de café y pan, esos que inundan las esquinas de la Ciudad de México en las primeras horas del día, están en riesgo de desaparecer. Aunque parezcan parte del paisaje cotidiano, hoy enfrentan una oleada de restricciones, operativos y políticas de reordenamiento urbano que los está dejando sin espacio, sin permisos y sin clientes.
En pleno 2025, cuando más de 32 millones de personas en México trabajan sin contrato ni prestaciones —según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)—, los carritos representan no solo una opción de desayuno rápido y económico, sino una fuente de ingreso vital para miles de familias. Sin embargo, la falta de regulación clara y la presión de las alcaldías por liberar banquetas están poniendo en jaque su existencia.
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Informales, pero no ilegales
Contrario a lo que muchos creen, estos comercios no están prohibidos. Lo que sí enfrentan es una complejísima serie de trámites que incluyen permisos de alcaldía, licencias sanitarias, certificados de manejo higiénico y autorizaciones de movilidad. Cada demarcación impone reglas distintas, lo que vuelve casi imposible operar de forma legal sin tener recursos económicos, tiempo o asesoría legal.
El resultado, miles de comerciantes vendiendo “a ciegas”, con miedo a ser retirados en cualquier momento, sin entender exactamente qué autoridad los regula y por qué su actividad ha pasado de ser tolerada a considerada un “problema”.
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La limpieza urbana que dejó sin pan a muchos
La zona de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue el epicentro del conflicto. De un día para otro, los puestos desaparecieron. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega justificó la medida como parte de un programa para liberar banquetas, limpiar pisos y recuperar el espacio público. Afirmó que hubo diálogo con los comerciantes y mesas de trabajo.
Pero el testimonio en campo contradice la versión oficial. La periodista Itzel Cruz Alanís denunció en redes sociales que ya no encontró ningún puesto en la zona y que un vendedor le sirvió café “a escondidas”, temeroso de ser sancionado. La frase “ya no nos dejan poner” se volvió un eco común entre los vendedores de la zona.
Los comerciantes ambulantes no solo enfrentan operativos de desalojo, sino restricciones severas cuando logran permisos. En Paseo de la Reforma, por ejemplo, los vendedores tienen autorización para operar únicamente hasta las 10:00 de la mañana. Sus carritos no pueden exceder un metro cuadrado, están prohibidos los tanques de gas, y en muchas zonas transitadas, directamente no se les permite instalarse.
En Paseo de la Reforma, el gobierno reporta un 70 % de avance en el retiro de ambulantes, de 280 comerciantes, solo permanecen cerca de 70. La meta, según el subsecretario Adolfo Llubere Sevilla, es eliminar toda presencia informal en cuestión de semanas.
El discurso oficial insiste en que estas acciones buscan recuperar el espacio público, garantizar la movilidad peatonal y mejorar la imagen urbana. Pero detrás de esa narrativa, muchos observan otra realidad, la estigmatización del comercio informal, los sesgos de clase y la invisibilización de quienes, ante la falta de empleo formal, han construido su propia economía en las calles.